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Estudios y comentarios sobre la gestión de recursos humanos o de personas, concepto esencial en la mejora de la Administración Pública

Control horario de los empleados públicos

¿Afecta la nueva normativa sobre control de la jornada a la Administración Pública?

El artículo 10 del Real Decreto ley 8/2019, de medidas urgentes de protección social y de lucha contra la precariedad laboral en la jornada de trabajo, obliga a las empresas a mantener un sistema de control horario de sus trabajadores. modificando el artículo 34 de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (ET).

La introducción de esta nueva imposición con el objetivo declarado de controlar la realización y pago de las horas extras ha creado un gran revuelo mediático y en el entorno empresarial. Las Administraciones Públicas se encuentran también dentro de su ámbito de aplicación. De hecho, muchas ya se han puesto manos a la obra para establecer o retomar sus sistemas de control. Pero, ¿les afecta a ellas?¿lo hacen correctamente?

Los sistemas de control horario no siempre han funcionado

No son pocas las Administraciones que los establecieron hace años pero por unos u otros motivos o bien han dejado de funcionar o, lo que es peor, se aplican para unos trabajadores o departamentos mientras que otros no los utilizan. Esto genera agravios comparativos que no solo machacan la motivación y con ello la aspiración de muchos a la felicidad en el trabajo, sino que destruye la cultura organizativa (de haberla) y genera fricciones innecesarias en las organizaciones.

Control de accesos
Control de accesos

Sea como fuere, a la vista de la modificación operada por el mencionado Real Decreto Ley, y considerando su inclusión en el Estatuto de los trabajadores, surge la cuestión de si afecta a los empleados públicos, teniendo en cuenta el sentido dual del concepto. Precisamente, en la pregunta que hago en el subtítulo de esta entrada se encuentra el centro de la cuestión, si la Administración pública se ve afectada por el nuevo modelo de control horario.

No hay dudas de que el Estatuto de los trabajadores regula exclusivamente las relaciones laborales entre trabajadores y empresas. Quedan fuera los funcionarios públicos, que se rigen por una “relación estatutaria regulada por el Derecho Administrativo para el desempeño de servicios profesionales retribuidos de carácter permanente” regulada por el Estatuto del Empleado Público (EBEP, art. 9) y normas de desarrollo. Recordemos que el EBEP agrupa bajo la denominación de empleados públicos tanto al personal laboral como a los funcionarios.

El régimen dual laboral-funcionarial en la Administración Pública

Por tanto, la respuesta a la pregunta inicial es la típica “sí y no”. El control horario regulado en el artículo 34.9 ET solo afecta a los trabajadores sujetos al ET, es decir, a los que conocemos como laborales. Desde este punto de vista queda claro que las Administraciones públicas están sujetas al ET y a la regulación del control horario en sus relaciones laborales con sus empleados sujetos al mismo (art. 7 EBEP).

Pero dicha regulación no afecta a la relación funcionarial. Y de ahí surge la cuestión de por qué no se regula también el control horario para unos empleados que, junto con los laborales de las Administraciones, realizan en ocasiones tareas similares e incluso idénticas, así como horas extras (servicios extraordinarios) y cuyo control se hace igualmente necesario.

Para responder a esto hemos de volver al régimen que regula ambos tipos de empleados. La normativa laboral es una competencia exclusiva del Estado que afecta a todas las organizaciones, públicas y privadas, que cuenten con trabajadores regulados por ella. Esto permite, por tanto, que se modifique de manera mucho más sencilla y rápida a nivel nacional.

Sin embargo, el régimen funcionarial está disgregado entre el EBEP, como norma básica, más las leyes y demás normas que tanto el Estado como las CC.AA y las Administraciones Locales aprueben. En fin, una consecuencia del maremagnum creado por el legislador del EBEP al descentralizar tanto el sistema regulador de la función pública.

Es necesario regular el control horario de los funcionarios en cada Administración

Con ello, a pesar de que cuestiones como la productividad, las horas trabajadas, o el pago justo por el trabajo realizado afectan tanto a laborales como a funcionarios, se da una dualidad de regímenes legales que las Administraciones deberán resolver adecuadamente. Teniendo en cuenta el objetivo común de dichos sistemas de control y las peculiaridades del régimen jurídico de cada tipo de empleado público, las Administraciones deberán negociar y establecer modelos que resuelvan ambas cuestiones, haciendo confluir ambos regímenes y sus peculiaridades hacia modelos de fichaje y objetivos comunes.

Lo que no se puede hacer es lo que pretenden algunas de ellas, que a la vista de la regulación del ET recién aprobada se pongan rápidamente a crear o reactivar dichos sistemas para funcionarios y laborales sin pararse a pensar en el ámbito subjetivo de la norma y que en cualquier caso se requiere la debida negociación o comunicación, así como el cumplimento de los procedimientos de implantación y/o regulación pertinentes.

Puedes ver mi comentario sobre el control horario en mi canal de Youtube.

¿Podría la inteligencia artificial gobernar mejor que los políticos?

Inteligencia artificial en la toma de decisiones políticas

El subtítulo de esta entrada bien podría haber sido “una inteligencia artificial para gobernarlos a todos”, parafraseando a “El Señor de los anillos”. Y esto viene a cuento por los interesantes resultados de la encuesta European Tech Insights 2019, realizada por el “Center for the Governance of Change” de la Universidad internacional IE University, ubicada en la no menos internacional Segovia.

La IA se ha convertido en el gran concepto disruptivo (se ha puesto de moda la palabreja. Habrá que usarla) del momento. Afecta y afectará a casi todos los sectores, desde la medicina hasta la industria y los servicios.

La utilización de robots e inteligencia artificial va a suponer también profundos cambios en el empleo y la toma de decisiones. Y precisamente el estudio European Tech Insights 2019 refleja la preocupación y esperanzas de los ciudadanos al respecto.

El 25% de los ciudadanos prefiere que gobierne una Inteligencia artificial

La encuesta, realizada entre ciudadanos de ocho países europeos, incluida España, refleja el descontento generalizado con los políticos y la consecuente pérdida de confianza en las élites gobernantes. Con esto que se llega a entender que el 25% de los encuestados prefiera, dado el caso, que una IA les gobierne. Este porcentaje medio varía entre un 43% en Holanda y un 19% en Portugal, siendo del 26% en España.

Ahora bien, la encuesta también refleja las reticencias por la utilización y más que posible invasión de robots y algoritmos en el entorno laboral, que hace peligrar los trabajos. No obstante, los encuestados también son conscientes de sus ventajas en ciertas tareas. De ahí que entre un 67 y un 75% apoyaría políticas dirigidas a gravar con tributos su utilización en las empresas, o su uso limitado a trabajos peligrosos e insalubres. También se preferiría que los gobiernos limitaran los empleos donde podrían utilizarse las máquinas.

Ventajas de una Inteligencia artificial política

La idea de utilizar la IA para adoptar decisiones políticas no parece del todo descabellada, aunque con matices. Obviamente, contaría con ventajas e inconvenientes, algunos de los cuales me gustaría apuntar. Como problema de base hay que considerar los errores que cometen los políticos en la toma de decisiones, primero por ser humanos y también por tener, en ocasiones (quizás demasiadas), ciertos intereses desconectados realmente del interés general. La aplicación de la inteligencia artificial sería una oportunidad para aislar esa toma de decisiones de las posibles desviaciones de poder.

La IA quedaría libre de las subjetividades humanas y sus decisiones partirían de algoritmos que tuviesen en cuenta datos y criterios más objetivos de interés general. Podría dirigir sus esfuerzos a resolver el problema de que se trate con un conocimiento más amplio de la situación y sus variables.

Machine learning a partir de big data para la toma de decisiones

Uno de los aspectos que están influyendo grandemente en la aplicación de la IA son las posibilidades que ofrece para gestionar ingentes cantidades de datos; el llamado big data. Partiendo de cientos de miles de esos datos y mediante aprendizaje supervisado o no supervisado, los algoritmos de machine learning pueden extraer conclusiones y tomar decisiones; todo ello con más probabilidad de éxito que de otro modo no sería posible o costaría mucho trabajo alcanzar con parecido grado de efectividad.

No olvidemos que la toma de decisiones, sean o no políticas, o las realice una persona o una máquina, se basa realmente en la realización de predicciones a partir de datos; también en contar con la mayor información posible sobre el problema y las cuestiones a él conectadas, los afectados, así como en cuanto a las implicaciones derivadas. Con toda esta información se decide en función de la mayor probabilidad de éxito que tenga una determinada acción.

Si se quiere acertar, al menos con una mayor probabilidad, a la hora de poner en práctica políticas públicas o solucionar problemas sociales, tal cantidad de parámetros puede sobrepasar la capacidad humana. Aquí entra la inteligencia artificial, que puede conocer todos los antecedentes y las consecuencias de todas la decisiones y situaciones iguales o similares sucedidas anteriormente, aprendiendo de ellas, y tener en cuenta, como digo, todos los datos.

En la práctica, por muy elaborada que sea una política pública o muy bien preparado que esté un expediente para decidir en el ámbito político, siempre existirán aspectos que se quedarán fuera. La gestión pública es cada vez más compleja; hay muchos participantes e intereses en juego, y cuanta más alto sea el grado de responsabilidad más complicado se vuelve el proceso de decisión.

Por tanto, la capacidad de cálculo, la cantidad de datos que puede procesar la inteligencia artificial, así como la posibilidad de evitar los sesgos humanos llevan a dar la razón a ese 25% de personas que preferiría que gobernase una IA.

Algunos casos de uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones

A pesar de lo novedoso que nos puede parecer todo esto ya se están probando e implantando sistema de IA que ayudan a la toma de decisiones, realizan tareas automatizadas o incluso que van más allá resolviendo expedientes, tomando esas decisiones.

En el entorno privado recordemos la actual implantación de sistemas de inteligencia artificial en la Abogacía, tanto para toma de decisiones como para automatización de tareas repetitivas.

En el ámbito público me llamó la atención la aplicación de sistemas inteligentes en la Administración de Justicia de EE.UU., donde la IA ya dicta sentencias, e incluso envía personas a la cárcel. Se trata, ciertamente de un tema muy delicado y que plantea muchas dudas, pero ahí está, en desarrollo.

La Policía Nacional ya utiliza en algunas de sus comisarías un algoritmo que detecta denuncias falsas a través de machine learning, que se han reducido hasta en un 40%. No se trata de un proceso puro de toma de decisiones sino de un modelo que detecta los casos en que muy probablemente se da una denuncia falsa y ayuda a tomar la decisión correspondiente.

La IA ya toma decisiones judiciales en EE.UU.
La IA ya toma decisiones judiciales en EE.UU.

Inteligencia artificial y Administración Pública

Además de la política, la Administración Pública también se puede beneficiar de la IA en la toma de decisiones. Y sería más fácil de implantar en el ámbito más técnico-administrativo. Por ejemplo, a la hora de resolver solicitudes en las que los requisitos están tasados, son objetivos; previa una simple comprobación se puede adoptar la decisión. Esto resulta muy fácil gracias a la informática, las bases de datos y la interoperabilidad, por la que las Administraciones pueden consultar e intercambiar datos y metadatos en diversos registros .

Pongamos por caso la bonificación en el Impuesto sobre vehículos para los híbridos eléctricos. Los datos que necesitamos básicos son la matrícula y si se trata, efectivamente, de este tipo de vehículo. El interesado realiza su solicitud, aporta la matrícula, y la IA busca en el registro de la DGT la titularidad y que el vehículo es híbrido, comprobando que el campo categoría eléctrica tiene el código HEV. Con ello puede resolver incluso sin intervención humana, creando el Decreto, plasmando las correspondientes firmas electrónicas (previamente se ha aprobado que la IA las utilice), registrando e imprimiendo la notificación, o avisando al funcionario que ya está todo listo para que la imprima y envíe al destinatario.

Al fin y al cabo se trata de la automatización de procesos mediante algoritmos. Lo que hasta ahora hace una persona comprobando datos, desde ahora lo realiza la IA. Una vez se conoce la eficacia del sistema no hay problema en que se le habilite que plasme las firmas electrónicas, como ya se hace con otras escaneadas.

Desventajas de una inteligencia artificial política

La primera desventaja que veo a todo esto es que no creo que a los políticos les guste perder ese poder de decisión que tienen y que caracteriza nuestro sistema político. Que una máquina nos gobierne y tome decisiones por nosotros aún causa temor y pasarán años antes de que veamos algún caso. Otra cosa es que se utilice como en otros ámbitos, que ayude aportando su propuesta, que sería supervisada por humanos, que tomarían la decisión final.

Una desventaja más a tener en cuenta es quién programa la IA. Al fin y a la postre serán humanos, informáticos que plasmen los criterios legales, técnicos y políticos necesarios para el funcionamiento del sistema. Y donde hay intervención humana siempre habrá posibilidad de sesgos y errores de programación de los algoritmos.

Si bien tendemos a confiar en los ordenadores y pensamos que estos no se equivocan, pueden darse esos problemas. Recordemos el caso del reclutador de Amazon, que discriminaba a las mujeres a la hora de contratar personal porque sus programadores eran hombres y aplicaban determinados sesgos.

El peligro de una IA que “piense” por sí misma

También da qué pensar las posibilidades de que la inteligencia artificial política comience a tomar “sus propias decisiones”, que aprenda por sí sola. Recordemos casos reales como la IA de Microsoft que se volvió racista y xenófoba. O la IA de Facebook que había inventado su propio lenguaje, desconocido para los propios programadores.

Imaginemos que a partir de los temores apuntados por los ciudadanos en la encuesta que da pie a esta ya larga entrada se decide legislar para limitar el uso de la IA o gravarla con impuestos. ¿Nos fiaríamos de que otra IA tome la decisión más adecuada?

Y para terminar, pero no menos importante, la toma de decisiones ¿debería basarse solo en datos o habrían de tenerse en cuenta también factores más subjetivos? La adopción de resoluciones y acuerdos en política tiene, o debe tener, un componente más humano. Sus implicaciones en la sociedad o en determinados colectivos son, quizás, cuestiones que una IA no sepa vislumbrar por la propia complejidad de nuestro modelo social y político, e incluso geopolítico. ¿Sería aquí donde entra en juego la intervención del político para considerar esas implicaciones junto con la propuesta de la IA? ¿anularía el juicio de la IA el hecho de no tener en cuenta factores subjetivos?

Para finalizar, apuntar simplemente las implicaciones que el uso de estos sistemas tendrían en el sistema democrático. Si decide una IA, o incluso si se decide con base en predicciones de la IA, ¿cómo se elaboran los programas electorales o las políticas públicas ante la incertidumbre de lo que aquella pueda decir en cada momento y caso?

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