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Montoro y la motivación del funcionario a cuenta de la recuperación salarial

El Gobierno anuncia que a lo largo de 2017 los empleados públicos recuperarán parte de la rebaja salarial del 5% que sufrieron en 2010. ¡Qué alegría! Pero llega Cristóbal Montoro y nos chafa la fiesta con una de cal y otra de arena en una jornada organizada por la Federación de Asociaciones de Cuerpos de la Administración Civil del Estado FEDECA.

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Centrémonos en la eficiencia para lograr la verdadera eficacia administrativa

 Como sabemos, la eficacia se configura como principio rector de actuación de la Administración Pública en el artículo 103.1 de nuestra Carta Magna. Supone una parte del núcleo esencial de responsabilidad que tiene encomendada la Administración en
el cumplimiento sus fines, sin la cual pierde la esencia que emana de los fundamentos de la propia existencia del Estado de Derecho, pues como ha mencionado PAREJO ALFONSO, el principio de eficacia “no es otra cosa que la productividad, el
rendimiento de la organización en la realización de sus fines”.    

Lo que hace la
Constitución al establecer en el citado artículo que la Administración sirve
 con objetividad a los intereses generales bajo el principio de eficacia (entre
otros) es imponer una obligación de resultado, esto es, de garantía de derechos
y prestación de bienes y servicios, al mismo tiempo que deja al legislador
y a la Administración la responsabilidad en la forma de llevar a cabo dichas
obligaciones.      No podemos hablar de la eficacia de la
Administración, y por ende de la del empleado público, sin hacer mención a otro elemento esencial en la configuración de una Administración y un empleo público que se dirigen hacia la calidad total: la eficiencia, concepto que hoy más que nunca adopta un papel relevante y tal vez no suficientemente reconocido por el legislador ni por la
Administración. Esto ha sido motivado, fundamentalmente, por la idea que ha permanecido durante décadas de conseguir resultados a toda costa para dar cumplimiento a las exigencias del Estado del Bienestar, cuando
quizás de lo que tendríamos que preocuparnos más es de lograr mayor
eficiencia.     La eficiencia, que para unos es principio jurídico y para otros, como yo, es más bien criterio de actuación subordinado a la eficacia, se define genéricamente como ahorro
de recursos, costes, e incluso de trámites, cuestión en la que incide el EBEP como basamento de la actuación del empleado público para conseguir los fines de la Administración.     Esta debe dejar de centrase solo en la eficacia (sin perder de vista su importancia teleológica a nivel constitucional) y tener más en cuenta ese otro aspecto de tal principio si quiere, de veras, conseguir la calidad total de la que tanto se habla actualmente. No basta con conseguir los resultados que se esperan de la Administración, además de satisfacer las expectativas del ciudadano; ahora se exige más que nunca que aquella y los empleados públicos tengan en cuenta la eficiencia en su actuación, que se ahorre, que se mejoren procesos, que se optimicen, en suma, las formas de actuación de nuestras organizaciones para permitir hacer un mejor uso de los recursos públicos.      Todo ello, por supuesto, debe venir acompañado de los oportunos controles y evaluación de resultados organizacionales y del desempeño del empleado, pues una cosa es cierta, no se puede alcanzar la verdadera eficacia (eficaz y eficiente) sin comprobar lo que se hace. Si no medimos la actuación administrativa, cómo se ejecutan sus procesos, si no controlamos si logran los resultados esperados por el ciudadano… si no buscamos esa mejora continua que nos permite evitar duplicidades, trámites y gastos innecesarios[1] no llegaremos a alcanzar las expectativas del EBEP ni del resto del ordenamiento en los objetivos de la Administración moderna que todos queremos y fracasaremos nuevamente en el actual intento transformador de nuestras organizaciones públicas.
[1] El TC, en su Sentencia 204/1992 de 26 noviembre dejó claro que la actuación administrativa debe regirse
claramente por la eficiencia, evitando duplicidades y trámites innecesarios (FJ 5º): “sería muy probablemente innecesario y, sin
duda, gravoso y dilatorio que en un mismo procedimiento debiera recabarse
sucesivamente dictamen de un órgano superior consultivo autonómico de
características parecidas al Consejo de Estado y del propio Consejo de Estado,
con desprecio de los principios de eficacia administrativa (art. 103.1 CE) y
eficiencia y economía del gasto público (art. 31.2 CE)”.

¿Tenemos derecho a ser felices los empleados públicos?

Según la VII encuesta de Adecco sobre felicidad en el trabajo, el 76,6% de los trabajadores dice ser feliz en su trabajo, aunque solo el 13,6% considera que sus empresas incluyen de manera seria medidas para lograrla. Como sabemos, la motivación lleva a mayor felicidad y esta a mejores resultados personales y organizativos.

Por tanto ¿es posible en la Administración Pública implantar medidas que favorezcan la felicidad de los empleados públicos?¿Tienes estos derecho a ser felices?¿Deben nuestras Administraciones invertir recursos públicos en ello?

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