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Cuando las TIC perjudican al ciudadano: los 140 caracteres SEPA

En este post quisiera realizar un comentario crítico sobre el sistema SEPA implantado en Europa para, entre otras cosas, reducir la información que aparece en los justificantes bancarios de los adeudos domiciliados. De contar con 640 caracteres para incluir toda la información necesaria sobre los tributos y otros pagos en el justificante bancario, ahora sólo se dispone de 140 caracteres, lo que es a todas luces insuficiente para cumplir con la Ley General Tributaria y otras normas, que exigen informar al contribuyente con un contenido mínimo de las liquidaciones tributarias.

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Las notificaciones por edictos se harán obligatoriamente en el BOE

El proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados prevé una importante reforma del sistema de notificaciones mediante anuncios en boletines y diarios oficiales, tanto en los procedimientos administrativos basados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como en los de carácter tributario previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria.

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Cómo subir impuestos locales sin que se note

Ley 16/2012,
de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica, modificó el artículo 32.2 de la Ley del Catastro
Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004).
El texto es el
siguiente:
2. Asimismo, las leyes de presupuestos
generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de
un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada
en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.
Los Ayuntamientos podrán solicitar la
aplicación de los coeficientes previstos en este apartado cuando concurran los
siguientes requisitos:
a.     Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la
entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior
procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b.     Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales
entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación
de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al
conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.
c.     Que la solicitud se comunique a la Dirección General
del Catastro antes del 31 de enero del ejercicio anterior a aquel para el que
se solicita la aplicación de los coeficientes.
Corresponde al Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas apreciar la concurrencia de los requisitos enumerados
en el párrafo anterior, mediante orden ministerial que se publicará en el
«Boletín Oficial del Estado» con anterioridad al 30 de septiembre de
cada ejercicio, en la que se establecerá la relación de municipios concretos en
los que resultarán de aplicación los coeficientes que, en su caso, establezca
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente.
La aplicación de los coeficientes
previstos en este apartado, excluirá la de los coeficientes de actualización a
que se refiere el apartado uno de este artículo.
La
modificación supone en la práctica que los ayuntamientos puedan solicitar una
revisión automática de los valores catastrales para adecuarlos a la realidad
del mercado obviando los procedimientos de valoración habituales. Esta
actualización no tiene que ver con la que todos los años aprueba mediante un
coeficiente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dejando claro la norma
en su último inciso que si se aplica aquella no tendrá efectos este coeficiente
anual.
Esa actualización
de valor, con unas condiciones, se realiza mediante la aplicación también de un
coeficiente anual.
La ventaja
para los ayuntamientos es que se les permite aumentar sus ingresos a través del
IBI sin tener que modificar sus tipos de gravamen ni por tanto las ordenanzas,
simplemente mediante el incremento del valor catastral. De este modo los
ciudadanos pagarán más pero sus alcaldes quedarán escudados en que ellos no han
subido los impuestos. La culpa sería del Estado al aumentar el valor catastral.
Es un negocio redondo para los Consistorios y muchos se están apuntando tras la
oferta que están realizando las Gerencias de Catastro para que lo soliciten.
La idea de la
norma es, como comentaba al comienzo, adecuar el valor catastral al real de
mercado pero precisamente en estas circunstancias de crisis los valores de
muchas viviendas e inmuebles en general no ha subido sino que han bajado, por
lo que la actualización, que siempre será al alza, corre el riesgo de provocar
un incremento injusto de valores. No podemos que el valor catastral no debe
superar el 50% del valor real de los bienes, y precisamente un motivo por el
que realizar estas actualizaciones es adecuarlos, pero ¿justo ahora, en época
de crisis y con el precio de la vivienda bajando?
Lo que parece
es un medio de permitir financiarse a los ayuntamientos sin coste económico para
el Estado o las Comunidades Autónomas ni coste político para los primeros ediles.