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Cuando las TIC perjudican al ciudadano: los 140 caracteres SEPA

    En este post quisiera realizar un comentario crítico sobre el sistema SEPA implantado en Europa para, entre otras cosas, reducir la información que aparece en los justificantes bancarios de los adeudos domiciliados. De contar con 640 caracteres para incluir toda la información necesaria sobre los tributos y otros pagos en el justificante bancario, ahora sólo se dispone de 140 caracteres, lo que es a todas luces insuficiente para cumplir con la Ley General Tributaria y otras normas, que exigen informar al contribuyente con un contenido mínimo de las liquidaciones tributarias.
   

Quienes nos dedicamos a este sector dentro del ámbito Administrativo estamos sufriendo las dificultades de adaptar esa información a tan escaso espacio. Y obviamente, los ciudadanos se sorprenden y cabrean porque cada vez ven menos información sobre los impuestos que pagan. Esto les obliga a acudir a la Administración a pedir dicha información, con lo que el trabajo y las molestias para todos aumentan considerablemente.

   Bien es cierto que se les ha ocurrido a los que “saben” de estas cosas incorporar en los justificantes bancarios un código para que el contribuyente acceda mediante una página web (www.ealia.es) a los datos de la liquidación. Problemas, que no siempre se da toda la información tributaria y que mucha gente o no tiene Internet o no sabe manejarse en la red, con lo que volvemos a lo dicho antes, acuden (cabreados) a una oficina tributaria echando la culpa al funcionario por algo que no es culpa de ninguna de las dos partes.
    Y digo yo, si las TIC han venido para ayudarnos y los datos “casi” no ocupan espacio, cómo diantres se les ocurre a esos genios reducir el espacio impidiendo cumplir con la ley y complicando la vida a todo el mundo.
    Este es un buen ejemplo de ineficiencia y de que a veces (creo que más de la cuenta) las decisiones no las toman quienes saben de las repercusiones que aquellas tienen en la vida de los ciudadanos. Desconozco el motivo real de tal idea pero no creo que justifique los problemas que se están produciendo.
    Nos encontramos aquí con un típico caso de involución en el pretendido avance hacia una sociedad de la información más cercana al ciudadano.
   Pasito p’alante, pasito p’atrás.

Las notificaciones por edictos se harán obligatoriamente en el BOE

   El proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados prevé una importante reforma del sistema de notificaciones mediante anuncios en boletines y diarios oficiales, tanto en los procedimientos administrativos basados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como en los de carácter tributario previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria.
    Hasta ahora la publicación se hace en el boletín del ámbito territorial de la Administración de que se trate. A partir de la aprobación de la ley, y siempre considerando que se mantenga el texto previsto (artículos 25 y 26 del proyecto), dichas publicaciones se realizarán de manera centralizada y obligatoria en el Boletín Oficial del Estado.
    Esto supone una importante novedad en el sistema de notificaciones edictales con la intención de facilitar a los ciudadanos el acceso a este tipo de información y evitarles tener que acudir a los distintos boletines de todas nuestras Administraciones, lo que en la práctica se hace misión casi imposible por el tiempo que supone más que por la falta de acceso, gracias a Internet.
    En particular, esto supone la modificación de los artículos 59.5 de la Ley 30/1992 y 112 de la Ley 58/2003. Respecto a la primera se prevé que no obstante la publicación obligatoria en el BOE no se excluye la posibilidad de que las Administraciones publiquen anuncios en los boletines de la “comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos“.
    Por lo que respecta al ámbito tributario, la novedad radica en que la publicación se hará los lunes, miércoles y viernes, de manera similar a como viene siendo habitual en algunos boletines oficiales. Llama la atención que esta periodicidad no se impone en la Ley 30/1992, lo que sin duda redundaría en una mayor ventaja para el ciudadano como se pretende en el ámbito tributario.
    Finalmente, se introduce una nueva Disposición Adicional vigésimo primera en la Ley 30/1992, que establece el carácter gratuito de estas publicaciones, así como la obligación de la Agencia Estatal del BOE de ofrecer un sistema automatizado de remisión y gestión telemática de los anuncios. 
    Por otro lado,  este nuevo modelo entrará en vigor el 1 de enero de 2015, siempre de acuerdo con el proyecto actualmente publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados de 7 de febrero de 2014.

Cómo subir impuestos locales sin que se note

Ley 16/2012,
de 27 de diciembre, por la que se adoptan diversas medidas tributarias
dirigidas a la consolidación de las finanzas públicas y al impulso de la
actividad económica, modificó el artículo 32.2 de la Ley del Catastro
Inmobiliario (Real Decreto Legislativo 1/2004).
El texto es el
siguiente:
2. Asimismo, las leyes de presupuestos
generales podrán actualizar los valores catastrales de los inmuebles urbanos de
un mismo municipio por aplicación de coeficientes en función del año de entrada
en vigor de la correspondiente ponencia de valores del municipio.
Los Ayuntamientos podrán solicitar la
aplicación de los coeficientes previstos en este apartado cuando concurran los
siguientes requisitos:
a.     Que hayan transcurrido al menos cinco años desde la
entrada en vigor de los valores catastrales derivados del anterior
procedimiento de valoración colectiva de carácter general.
b.     Que se pongan de manifiesto diferencias sustanciales
entre los valores de mercado y los que sirvieron de base para la determinación
de los valores catastrales vigentes, siempre que afecten de modo homogéneo al
conjunto de usos, polígonos, áreas o zonas existentes en el municipio.
c.     Que la solicitud se comunique a la Dirección General
del Catastro antes del 31 de enero del ejercicio anterior a aquel para el que
se solicita la aplicación de los coeficientes.
Corresponde al Ministro de Hacienda y
Administraciones Públicas apreciar la concurrencia de los requisitos enumerados
en el párrafo anterior, mediante orden ministerial que se publicará en el
“Boletín Oficial del Estado” con anterioridad al 30 de septiembre de
cada ejercicio, en la que se establecerá la relación de municipios concretos en
los que resultarán de aplicación los coeficientes que, en su caso, establezca
la Ley de Presupuestos Generales del Estado para el ejercicio siguiente.
La aplicación de los coeficientes
previstos en este apartado, excluirá la de los coeficientes de actualización a
que se refiere el apartado uno de este artículo.
La
modificación supone en la práctica que los ayuntamientos puedan solicitar una
revisión automática de los valores catastrales para adecuarlos a la realidad
del mercado obviando los procedimientos de valoración habituales. Esta
actualización no tiene que ver con la que todos los años aprueba mediante un
coeficiente la Ley de Presupuestos Generales del Estado, dejando claro la norma
en su último inciso que si se aplica aquella no tendrá efectos este coeficiente
anual.
Esa actualización
de valor, con unas condiciones, se realiza mediante la aplicación también de un
coeficiente anual.
La ventaja
para los ayuntamientos es que se les permite aumentar sus ingresos a través del
IBI sin tener que modificar sus tipos de gravamen ni por tanto las ordenanzas,
simplemente mediante el incremento del valor catastral. De este modo los
ciudadanos pagarán más pero sus alcaldes quedarán escudados en que ellos no han
subido los impuestos. La culpa sería del Estado al aumentar el valor catastral.
Es un negocio redondo para los Consistorios y muchos se están apuntando tras la
oferta que están realizando las Gerencias de Catastro para que lo soliciten.
La idea de la
norma es, como comentaba al comienzo, adecuar el valor catastral al real de
mercado pero precisamente en estas circunstancias de crisis los valores de
muchas viviendas e inmuebles en general no ha subido sino que han bajado, por
lo que la actualización, que siempre será al alza, corre el riesgo de provocar
un incremento injusto de valores. No podemos que el valor catastral no debe
superar el 50% del valor real de los bienes, y precisamente un motivo por el
que realizar estas actualizaciones es adecuarlos, pero ¿justo ahora, en época
de crisis y con el precio de la vivienda bajando?
Lo que parece
es un medio de permitir financiarse a los ayuntamientos sin coste económico para
el Estado o las Comunidades Autónomas ni coste político para los primeros ediles.