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Los Ayuntamientos como ETT’s: una anomalía sin control

    El título de esta entrada bien podría ser “contratos por votos”, pues a eso precisamente me quiero referir. No son pocos los Ayuntamientos que destinan grandes cantidades de recursos económicos -sobre todo a través de subvenciones de otras Administraciones- para crear bolsas de trabajo, planes de empleo o programas con denominaciones variopintas y con la supuesta intención de cubrir determinadas demandas o llevar a cabo ciertos proyectos, pero que en no pocas ocasiones suponen, por su configuración, aplicación, destinatarios o gestión, un mecanismo de algunos Alcaldes para lograr votos.   

  Parece mentira que a estas alturas de la película, cuando parecían superados los tiempos del denominado caciquismo y de aquella vergonzosa compra de votos, cuando el ordenamiento trata de favorecer una Administración transparente, seria, eficaz y eficiente, y desde el ámbito profesional se está trabajando con ahínco en lograr su mejora (la denominada buena  Administración) todavía se den estas prácticas que utilizan el dinero y los recursos públicos para intereses totalmente ilegítimos y desviados de su función principal. 

 Una cosa es que estas Administraciones lleven a cabo proyectos para conservar y mejorar el espacio público (zonas verdes, aceras, limpieza viaria…), para lo que se puede acudir a diversos mecanismos como los antes mencionados y entraría dentro de sus competencias, y otra bien distinta es subvertir su finalidad y utilizar esos mismos medios con una muy distinta, desviada de su objetivo legítimo. 

 El problema es mucho más profundo que la mera creación de esas bolsas, planes y programas diversos. El problema es que no existe una verdadera intención de invertir el erario público en resultados palpables y que queden en beneficio de los ciudadanos sino que se malgasta. No hay una planificación seria en la visión y misión de esas Administraciones, no se aplica la eficacia y la eficiencia; no se busca captar el talento ni a los mejores, y no se gestionan bien esos programas.

 La raíz subyace en la inmensa brecha aún existente entre políticos y ciudadanos; aquellos no terminan de entender su función en el engranaje de la Administración, no captan el espíritu de la gestión pública y del servicio al ciudadano, sintiéndose libres, en ocasiones, para mirar más hacia la mera política que a la citada gestión de lo público.  Bajo la excusa de “sacar del paro” a personas en riesgos diversos, más desfavorecidas, las Administraciones locales se están convirtiendo en ETT, en empresas de trabajo temporal, e incluso algunas de ellas hacen gala de ello.

El espíritu y el texto del EBEP y del resto del ordenamiento quedan en agua de borrajas, sin hablar de los métodos de gestión de esas bolsas, en ocasiones saltándose los turnos en función de a quién le toca, etc. Descontrol en espíritu de estos mecanismos, descontrol en el gasto, descontrol en la eficacia.    ¿Debe la Administración contratar a los mejores, como exige el EBEP, o se puede exceptuar este requisito para ayudar a quienes menos oportunidades de encontrar trabajo tienen?

No critico la buena fe que pueda subyacer en esas políticas de ayudar a los más desfavorecidos -cuando haya buena intención de por medio- aunque también es cierto que las Entidades Locales no están para esto, su misión no es contratar. Sí podría serlo mediar entre empresas y trabajadores para que encuentren un trabajo, o crear y coordinar programas de formación para el empleo. Lo que indudablemente se encuentra fuera de toda ética y del ordenamiento es crear estas ETT´s con dinero público con el fin de captar votos.

   El problema último, que aqueja a nuestras Administraciones en esta y otras áreas, es la falta de controles por parte de las Comunidades autónomas y el Estado sobre el funcionamiento de las Entidades Locales, que campan a sus anchas. Esta es la asignatura pendiente, controlar, verificar, evaluar el funcionamiento de la Administración en su conjunto, de todas ellas, pues seguimos creando normas que no se cumplen, y así nos va.

La innovación TIC en las oficinas de empleo y sus peligros

    El Ministerio de Empleo ha encargado el desarrollo de una herramienta informática que permitirá establecer la probabilidad que los parados tienen de encontrar un empleo a 3, 6 y 12 meses. Se trata de una nueva forma de aprovechar las TIC y el Big data para mejorar los objetivos de las oficinas de empleo y, según indica el Ministerio, de conocer si dan resultados las políticas aplicadas.
   

    Es, sin duda, una importante innovación en la forma de aplicar las nuevas tecnologías a las citadas políticas. La herramienta permitirá, además, conectar sus resultados con propuestas para la mejora de dichas probabilidades de cada demandante de empleo, en el sentido de que estudia los sectores en los que encaja cada uno y las carencias que puede tener para lograr un trabajo, ofreciendo soluciones (formativas, de adquisición de experiencia…) para acercarlo a la colocación.

    La novedad que quiero destacar no se encuentra sólo en este aspecto sino ante todo de la intención de utilizar la aplicación como sistema de retroalimentación para evaluar las políticas públicas y saber si están funcionando. Creo que se trata de un importante avance, pues estamos muy acostumbrados a que tradicionalmente no se establezcan medios de control de la acción de los gobiernos ni de las Administraciones, lo que lleva al fracaso e ineficiencia de dichas políticas.
    El lado no tan positivo quizás se encuentre, como me comenta un amigo aficionado a las teorías conspiranoicas, en que se pretendan utilizar todos esos datos para forzar de alguna forma a los desempleados a aceptar determinadas ofertas de empleo que en otro caso no aceptarían. Esto es bueno y malo. Es bueno porque el objetivo de las oficinas de empleo es, precisamente, enlazar demandantes con oferentes y que aquellos encajen lo mejor posible en las necesidades de las empresas, algo que a fecha de hoy está siendo un problema y lleva a la poca eficacia de dichos organismos. 
    También se trata de controlar mejor a quienes se encuentran apuntados a las oficinas de empleo o incluso reciben ayudas públicas pero no tienen ninguna intención de trabajar pudiendo hacerlo. Es decir, se intenta reducir el fraude, lo cual es loable en un país como España en que está enquistado y no existen controles suficientes en este y en otros muchos ámbitos.
    El lado malo, tal vez, es que con el objetivo de reducir las listas del paro se fuerce con esos datos a los desempleados a aceptar determinadas ofertas que en otras condiciones (y por motivos justificados como la distancia al lugar de trabajo) no aceptarían.
    En fin, como toda tecnología, la aplicación informática que está desarrollando el Ministerio no es buena ni mala, eso lo dirá el uso que se le dé realmente, aunque debemos confiar en que ofrezca los resultados que todos esperamos y las oficinas de empleo mejoren sus resultados en beneficio de todos.

Otra vuelta de tuerca al sueldo de los funcionarios

Según informa el “Faro de Vigo” el Gobierno está estudiando reducir un poco más el sueldo de los empleados públicos, esta vez los locales, a través de la limitación del complemento específico. La medida, en estudio previo por el Departamento de Cristóbal Montoro, se conecta con el proyecto de reforma del régimen local y el objetivo del reducción del sobrecoste de nuestros municipios.

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