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Cuando las TIC perjudican al ciudadano: los 140 caracteres SEPA

    En este post quisiera realizar un comentario crítico sobre el sistema SEPA implantado en Europa para, entre otras cosas, reducir la información que aparece en los justificantes bancarios de los adeudos domiciliados. De contar con 640 caracteres para incluir toda la información necesaria sobre los tributos y otros pagos en el justificante bancario, ahora sólo se dispone de 140 caracteres, lo que es a todas luces insuficiente para cumplir con la Ley General Tributaria y otras normas, que exigen informar al contribuyente con un contenido mínimo de las liquidaciones tributarias.
   

Quienes nos dedicamos a este sector dentro del ámbito Administrativo estamos sufriendo las dificultades de adaptar esa información a tan escaso espacio. Y obviamente, los ciudadanos se sorprenden y cabrean porque cada vez ven menos información sobre los impuestos que pagan. Esto les obliga a acudir a la Administración a pedir dicha información, con lo que el trabajo y las molestias para todos aumentan considerablemente.

   Bien es cierto que se les ha ocurrido a los que “saben” de estas cosas incorporar en los justificantes bancarios un código para que el contribuyente acceda mediante una página web (www.ealia.es) a los datos de la liquidación. Problemas, que no siempre se da toda la información tributaria y que mucha gente o no tiene Internet o no sabe manejarse en la red, con lo que volvemos a lo dicho antes, acuden (cabreados) a una oficina tributaria echando la culpa al funcionario por algo que no es culpa de ninguna de las dos partes.
    Y digo yo, si las TIC han venido para ayudarnos y los datos “casi” no ocupan espacio, cómo diantres se les ocurre a esos genios reducir el espacio impidiendo cumplir con la ley y complicando la vida a todo el mundo.
    Este es un buen ejemplo de ineficiencia y de que a veces (creo que más de la cuenta) las decisiones no las toman quienes saben de las repercusiones que aquellas tienen en la vida de los ciudadanos. Desconozco el motivo real de tal idea pero no creo que justifique los problemas que se están produciendo.
    Nos encontramos aquí con un típico caso de involución en el pretendido avance hacia una sociedad de la información más cercana al ciudadano.
   Pasito p’alante, pasito p’atrás.

Las notificaciones por edictos se harán obligatoriamente en el BOE

   El proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados prevé una importante reforma del sistema de notificaciones mediante anuncios en boletines y diarios oficiales, tanto en los procedimientos administrativos basados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como en los de carácter tributario previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria.
    Hasta ahora la publicación se hace en el boletín del ámbito territorial de la Administración de que se trate. A partir de la aprobación de la ley, y siempre considerando que se mantenga el texto previsto (artículos 25 y 26 del proyecto), dichas publicaciones se realizarán de manera centralizada y obligatoria en el Boletín Oficial del Estado.
    Esto supone una importante novedad en el sistema de notificaciones edictales con la intención de facilitar a los ciudadanos el acceso a este tipo de información y evitarles tener que acudir a los distintos boletines de todas nuestras Administraciones, lo que en la práctica se hace misión casi imposible por el tiempo que supone más que por la falta de acceso, gracias a Internet.
    En particular, esto supone la modificación de los artículos 59.5 de la Ley 30/1992 y 112 de la Ley 58/2003. Respecto a la primera se prevé que no obstante la publicación obligatoria en el BOE no se excluye la posibilidad de que las Administraciones publiquen anuncios en los boletines de la “comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos“.
    Por lo que respecta al ámbito tributario, la novedad radica en que la publicación se hará los lunes, miércoles y viernes, de manera similar a como viene siendo habitual en algunos boletines oficiales. Llama la atención que esta periodicidad no se impone en la Ley 30/1992, lo que sin duda redundaría en una mayor ventaja para el ciudadano como se pretende en el ámbito tributario.
    Finalmente, se introduce una nueva Disposición Adicional vigésimo primera en la Ley 30/1992, que establece el carácter gratuito de estas publicaciones, así como la obligación de la Agencia Estatal del BOE de ofrecer un sistema automatizado de remisión y gestión telemática de los anuncios. 
    Por otro lado,  este nuevo modelo entrará en vigor el 1 de enero de 2015, siempre de acuerdo con el proyecto actualmente publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados de 7 de febrero de 2014.

La reforma de las Administraciones públicas: por ambición que no sea

Tras escuchar al Presidente del Gobierno hacer su
presentación sobre la profunda reforma de las Administraciones Públicas que se
pretende llevar a cabo, y antes de poder acceder al contenido del informe con
las 217 medidas que quiere implantar el Ejecutivo, quiero destacar que en su breve
intervención ha reseñado algunos de los más importantes puntos que debe incluir
la referida reforma, dando algunas pinceladas sobre lo que la misma busca.
“Reformar para volver a crecer”. Uno
de los grandes problemas que sufre nuestro andamiaje administrativo es la aún
farragosa burocracia y las duplicidades. Hace poco se publicaba la noticia de
que en España tenemos más de 200.000 normas, algo que junto con las competencias
concurrentes, etc. hacen inviable en muchos casos, y muy complejo en otros,
poder innovar, patentar, crear empresas… sin contar con la presión fiscal que
desde el primer momento tienen quienes quieren poner en marcha un negocio.
Transformar este estado de cosas se hace imprescindible para
poder crecer.
Aplicar las TIC definitivamente. Rajoy ponía el
caso de lo que cuesta una notificación postal (2,55€) frente a lo que
cuesta una electrónica (0,19€). Ejemplos de este tipo no tienen que hacernos
dudar de la imperiosa necesidad de poner en marcha las tecnologías de la
información y la comunicación, incluso en las Administraciones más pequeñas,
que son a las que más cuesta por falta de medios y sobre todo, creo, por falta
del necesario impulso y concienciación de los responsables políticos, que a veces no tienen la formación necesaria para entender la trascendencia de tales cambios.
Esas tecnologías ayudan a hacer más rápidas y económicas
nuestras Administraciones y mejorar la relación del ciudadano con ellas.
Historia clínica digital. Son ya varios los
intentos de unificar los historiales clínicos para que una persona residente en
Andalucía no tenga problemas si debe ser atendido en Galicia, por ejemplo.
Muchas veces es más una cuestión de voluntad que de dificultades técnicas. El
problema, a mi entender, es que las Comunidades Autónomas se miran demasiado al
ombligo y no atienden las necesidades de los ciudadanos ni velan por el interés
común, y por común no me refiero sólo al interés de los habitantes de sus
territorios.
Este es, precisamente, el principal handicap que tenemos en
España para lograr una Administración realmente eficaz, que tenemos tantas
Administraciones donde los políticos buscan sus propios intereses que hace
inviable o realmente difícil acometer reformas estructurales de calado para
resolver los problemas de la sociedad.

Eliminar duplicidades. Como comentaba, este es uno de
los pilares de la reforma porque se trata de una de las mayores fuentes de
desconcierto y problemas para los ciudadanos y cuya solución ahorraría miles de millones de euros todos los años. 120 de las medidas propuestas van en esa dirección, y lo que se quiere -entre otras cosas- es que las Comunidades Autónomas no tengan agencias u otros órganos con las mismas funciones que las estatales. La cuestión es tan importante como difícil del solventar sin la necesaria voluntad por parte de aquellas, pues además implicaría tocar leyes autonómicas e incluso Estatutos de Autonomía.
Nueva cultura de la gestión pública. En definitiva, de lo que se trata es de cambiar el chip de la gestión pública, desde las estructuras de las Administraciones hasta sus competencias, procedimientos, los recursos humanos, etc. Una reforma, en definitiva, profunda y que haga a nuestras Administraciones más eficientes, eficaces, y sobre todo más cercanas al ciudadano y respondan de manera proactiva sus demandas.