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Modernizar la Administración por Real Decreto

El Gobierno quiere modernizar la Administración. El pasado 7 de octubre la Vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunciaba la creación de un “Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía”. Su objetivo es modernizar la Administración Pública y en particular la AGE, aligerar sus procedimientos y lograr mayores niveles de cogobernanza. También se pretende con ello mejorar la gestión de los fondos europeos.

Comparecencia de Calvo para anunciar la modernización de la Administración
Comparecencia de Calvo para anunciar la modernización de la Administración

Para llevar a cabo dicho plan el Gobierno quiere crear una nueva “Ley de la Administración Pública”. Y quiere hacerlo mediante un Real Decreto-Ley para, a continuación, comenzar el trámite parlamentario de aprobación de una ley (en condiciones, diría yo).

Todos sabemos que la modernización de nuestras Administraciones Públicas es urgente. Hace falta dar nuevo aire a una Administración que en muchos aspectos es obsoleta y que cuenta con unos procedimientos mejorables. La gestión de sus recursos humanos debe alcanzar otra dimensión con el desarrollo y total aplicación del TREBEP (evaluación del desempeño, motivación, dirección pública, retención del talento…). Las relaciones entre Administraciones han de contar con mejores mecanismos de coordinación y cooperación, y así con otros muchos aspectos.

Los profesionales de lo público no nos cansamos de insistir en ello (bueno, algunos ya empezamos a notar cierto hastío) pues se lleva recordando desde hace años. Actualmente modernizar la Administración va a paso lento. Recordemos, por ejemplo, la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo y la implantación de sus previsiones más tecnológicas (registro electrónico, de apoderamientos…) prorrogada ya varias veces.

Una modernización urgente pero bien hecha

Esta reforma administrativa que no acaba de llegar hace que la necesidad de adopción de medidas sea urgente. Además, la actual crisis y la organización de nuestro Estado autonómico están recordándonos los fallos de comunicación y coordinación entre los distintos niveles de Administración.

Los pilares de la modernización administrativa

Esta necesidad de mejora de procesos y relaciones entre Administraciones plantea varias cuestiones. En primer lugar ¿se justifica la aplicación del Real Decreto-Ley? ¿No se debería aplicar antes la legislación existente? ¿Solo la AGE necesita modernizarse?

La urgencia en regular la distribución de los fondos europeos puede justificar ciertas medidas, pero no una pretendida reforma administrativa de más calado mediante RD-Ley. Los problemas procedimentales y de coordinación en la AGE (como en el resto de Administraciones) requieren de mayor consenso con vistas al largo plazo. Si de verdad queremos actualizarnos habrá que hacerlo bien y con decisión; no sea que al cabo de un tiempo se desvanezca el ánimo inicial o aparezcan errores que paralicen lo logrado.

En materia de procedimientos y gestión interna ya disponemos de normas como la Ley 39/2015, la 40/2015 o el TREBEP, que no se están aplicando totalmente. Habrá que aprovechar lo que tenemos, que son buenas herramientas para modernizarse, antes que correr a crear otra norma más.

Y por lo que respecta a la última pregunta, la modernización no solo debe aplicarse a la AGE sino al conjunto de Administraciones públicas. Todas ellas están implicadas en la mejora de los servicios públicos y necesitan reformas. Es cierto que los fondos europeos, que considero la verdadera causa de este Plan, se enviarían al Gobierno central para su distribución. Pero si se quiere modernizar las Administraciones, en plural, y que sus efectos permanezcan, habrá que contar con todas ellas y crear normas con rigor, debate, contando con los profesionales implicados, y que duren más que el Gobierno que las crea.

Las notificaciones por edictos se harán obligatoriamente en el BOE

El proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados prevé una importante reforma del sistema de notificaciones mediante anuncios en boletines y diarios oficiales, tanto en los procedimientos administrativos basados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como en los de carácter tributario previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria.

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La vuelta de los habilitados nacionales

   Hasta la aprobación de la Ley 7/2007, del Estatuto Básico del Empleado Público (EBEP), los funcionarios que desempeñaban determinados puestos en la Administración Local (Secretaría, Intervención y Tesorería) eran denominados funcionarios locales con habilitación de carácter nacional.
    A partir del EBEP (DA 2ª) y quizás por eso de no enfadar a los nacionalistas, se cambió el último término por el de “estatal”. Las funciones eran las mismas pero cambiaba el nombre.
Ahora, sorprendentemente, la Ley 27/2013, de27 de diciembre, de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local. ha dado nuevo contenido al artículo 92 de la Ley 7/1985, de Bases del Régimen Local, volviendo al concepto tradicional. ¿Error o querer dejar claros los términos?

Habilitados nacionales
Habilitados nacionales

   La nueva Ley de racionalización local deja claro en su exposición de motivos que deseando reforzar la independencia de este colectivo, tan castigado y menospreciado por infinidad de malos cargos electos, recupera para el Estado las competencias de selección, formación y habilitación.

    No parece un error el cambio de denominación, por cuanto aparece en el texto de la iniciativa publicada en el Boletín Oficial de las cortes el pasado 6 de septiembre. Ahora, la Ley 27/2013 da nuevo contenido y regula mejor su papel en la Administración Local, dejando clara su función a nivel nacional.