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¿Es posible la exención por minusvalía en el IVTM de camiones o motocicletas?

Es objeto de este trabajo el estudio del derecho de huelga en los servicios esenciales dentro del peculiar marco jurídico español y su interpretación gubernativa, y sobre todo jurisprudencial, a lo largo del período constitucional vigente. Partiendo de un breve recorrido por la configuración teórica del concepto de servicios esenciales en nuestro ordenamiento y la postura de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, nos detendremos en la construcción práctica que los Tribunales, y ante todo el Constitucional, han realizado.

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Cuando las TIC perjudican al ciudadano: los 140 caracteres SEPA

    En este post quisiera realizar un comentario crítico sobre el sistema SEPA implantado en Europa para, entre otras cosas, reducir la información que aparece en los justificantes bancarios de los adeudos domiciliados. De contar con 640 caracteres para incluir toda la información necesaria sobre los tributos y otros pagos en el justificante bancario, ahora sólo se dispone de 140 caracteres, lo que es a todas luces insuficiente para cumplir con la Ley General Tributaria y otras normas, que exigen informar al contribuyente con un contenido mínimo de las liquidaciones tributarias.
   

Quienes nos dedicamos a este sector dentro del ámbito Administrativo estamos sufriendo las dificultades de adaptar esa información a tan escaso espacio. Y obviamente, los ciudadanos se sorprenden y cabrean porque cada vez ven menos información sobre los impuestos que pagan. Esto les obliga a acudir a la Administración a pedir dicha información, con lo que el trabajo y las molestias para todos aumentan considerablemente.

   Bien es cierto que se les ha ocurrido a los que “saben” de estas cosas incorporar en los justificantes bancarios un código para que el contribuyente acceda mediante una página web (www.ealia.es) a los datos de la liquidación. Problemas, que no siempre se da toda la información tributaria y que mucha gente o no tiene Internet o no sabe manejarse en la red, con lo que volvemos a lo dicho antes, acuden (cabreados) a una oficina tributaria echando la culpa al funcionario por algo que no es culpa de ninguna de las dos partes.
    Y digo yo, si las TIC han venido para ayudarnos y los datos “casi” no ocupan espacio, cómo diantres se les ocurre a esos genios reducir el espacio impidiendo cumplir con la ley y complicando la vida a todo el mundo.
    Este es un buen ejemplo de ineficiencia y de que a veces (creo que más de la cuenta) las decisiones no las toman quienes saben de las repercusiones que aquellas tienen en la vida de los ciudadanos. Desconozco el motivo real de tal idea pero no creo que justifique los problemas que se están produciendo.
    Nos encontramos aquí con un típico caso de involución en el pretendido avance hacia una sociedad de la información más cercana al ciudadano.
   Pasito p’alante, pasito p’atrás.

Las notificaciones por edictos se harán obligatoriamente en el BOE

   El proyecto de Ley de racionalización del sector público y otras medidas de reforma administrativa, que se tramita actualmente en el Congreso de los Diputados prevé una importante reforma del sistema de notificaciones mediante anuncios en boletines y diarios oficiales, tanto en los procedimientos administrativos basados en la Ley 30/1992, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, como en los de carácter tributario previstos en la Ley 58/2003, General Tributaria.
    Hasta ahora la publicación se hace en el boletín del ámbito territorial de la Administración de que se trate. A partir de la aprobación de la ley, y siempre considerando que se mantenga el texto previsto (artículos 25 y 26 del proyecto), dichas publicaciones se realizarán de manera centralizada y obligatoria en el Boletín Oficial del Estado.
    Esto supone una importante novedad en el sistema de notificaciones edictales con la intención de facilitar a los ciudadanos el acceso a este tipo de información y evitarles tener que acudir a los distintos boletines de todas nuestras Administraciones, lo que en la práctica se hace misión casi imposible por el tiempo que supone más que por la falta de acceso, gracias a Internet.
    En particular, esto supone la modificación de los artículos 59.5 de la Ley 30/1992 y 112 de la Ley 58/2003. Respecto a la primera se prevé que no obstante la publicación obligatoria en el BOE no se excluye la posibilidad de que las Administraciones publiquen anuncios en los boletines de la “comunidad Autónoma o de la provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del último domicilio del interesado o del consulado o sección consular de la Embajada correspondiente o en los tablones a los que se refiere el artículo 12 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos“.
    Por lo que respecta al ámbito tributario, la novedad radica en que la publicación se hará los lunes, miércoles y viernes, de manera similar a como viene siendo habitual en algunos boletines oficiales. Llama la atención que esta periodicidad no se impone en la Ley 30/1992, lo que sin duda redundaría en una mayor ventaja para el ciudadano como se pretende en el ámbito tributario.
    Finalmente, se introduce una nueva Disposición Adicional vigésimo primera en la Ley 30/1992, que establece el carácter gratuito de estas publicaciones, así como la obligación de la Agencia Estatal del BOE de ofrecer un sistema automatizado de remisión y gestión telemática de los anuncios. 
    Por otro lado,  este nuevo modelo entrará en vigor el 1 de enero de 2015, siempre de acuerdo con el proyecto actualmente publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados de 7 de febrero de 2014.