¿Es posible la exención por minusvalía en el IVTM de camiones o motocicletas?

Es objeto de este trabajo el estudio del derecho de huelga en los servicios esenciales dentro del peculiar marco jurídico español y su interpretación gubernativa, y sobre todo jurisprudencial, a lo largo del período constitucional vigente. Partiendo de un breve recorrido por la configuración teórica del concepto de servicios esenciales en nuestro ordenamiento y la postura de organismos internacionales como la Organización Internacional del Trabajo, nos detendremos en la construcción práctica que los Tribunales, y ante todo el Constitucional, han realizado.

Extracto del Artículo publicado en la Revista El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 24, Quincena del 30 Dic. 2016 al 14 Ene. 2017

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Sumario

1.- El estado de la cuestión.- 2.- Reflexión sobre la interpretación del artículo 93 de la Ley de Haciendas Locales.-
3.- Conclusiones.-

Introducción

Al leer el título de este artículo el lector seguramente se sorprenderá por la cuestión que se plantea y quizás dé una respuesta negativa pensando en la lógica que subyace en el modo de entender la exención por minusvalía en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Sin embargo, la lógica no parece acompañar, en ocasiones, al texto de la ley y nos lleva a plantearnos hipótesis interpretativas como la que trataremos de desvelar aquí: si debido al tenor literal del artículo 93.1.e del Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, cabe aplicar la citada exención a cualquier tipo de vehículo.

Conclusiones

Por tanto, si nos atenemos a estas consideraciones legales, que se resumen en que el legislador ha eliminado expresamente las limitaciones históricas a la clase de vehículos beneficiarios de la exención, en la aplicación del principio de reserva de ley y la correlativa prohibición de que la Administración extienda los límites que impone la norma, no parecen existir condicionamientos jurídicos al tipo de vehículo que puede beneficiarse de la exención, lo que nos lleva a la cuestión de la necesidad, reclamada por muchos ayuntamientos, de que se acoten estas situaciones de una vez por todas y no sólo no se den alas a la picaresca sino que se devuelva la razón de ser a la exención por minusvalía, lo que llevaría a revisar de nuevo los límites técnicos que deberían tener (en potencia y/o velocidad) dichos vehículos, o bien especificar el tipo de vehículo al que se aplicaría la exención.

Realmente, la conclusión que se extrae no parece muy coherente con lo que trata de ser este beneficio fiscal, pero hemos de tener en cuenta que se ha obtenido a partir de una lectura estríctamente jurídica de los preceptos afectados. No obstante, a falta de pronunciamientos judiciales o de la Dirección General de Tributos que aclaren la cuestión, en la práctica seguirá siendo plausible y conveniente guiarnos por el verdadero espíritu de esta institución y limitar los vehículos que pueden beneficiarse, aplicando nuestro leal saber y entender en beneficio del interés público e incluso para limitar ciertos abusos de algunos ciudadanos.

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