Requisitos de la exención por minusvalía en el IVTM : la imaginación al poder

Los diversos cambios sufridos en la regulación de la exención por minusvalía en el IVTM han llevado a una complicada situación en cuanto a su gestión que se ha intentado resolver con desigual fortuna.

En este artículo se repasan dichos cambios, los criterios jurisprudenciales y doctrinales más relevantes, las relaciones con otras normas de distintos ámbitos, mencionando las prácticas de algunos de nuestros Ayuntamientos y finalizando con unas conclusiones a tener en cuenta por estos a la vista de lo estudiado en el presente artículo.

Extracto del artículo publicado en la Revista El Consultor de los Ayuntamientos y de los Juzgados, nº 8. Abril 2009

Lea el artículo completo sobre los requisitos para la exención por minusvalía en el IVTM

Introducción

La modificación que la Ley 51/2002 introdujo en el artículo 94 de la Ley 39/1988, de Haciendas Locales, supuso para éstas un paso atrás y, casi se podría decir, una desregulación de los requisitos para otorgar la exención por minusvalía en el impuesto sobre vehículos de tracción mecánica al eliminar, entre otras modificaciones habidas, la necesidad de que el citado vehículo estuviese adaptado para la persona minusválida.

    Pese a las constantes quejas por parte de las Entidades Locales y las propuestas para que se volviesen a regular o acotar mejor los supuestos en que cabía la exención, ni en el Real Decreto Legislativo 2/2004, texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, por su carácter meramente refundidor, ni posteriormente se ha llevado a cabo la modificación de la normativa.

    Los Ayuntamientos, tradicional cenicienta entre las Administraciones Públicas, han tenido que forzar la imaginación y sus Ordenanzas fiscales para poner coto con mayor o menor ingenio, con más o menos respeto de los límites que impone la Ley, a una sangría constante y un abuso en ese vacío legal que, como veremos, ha dado lugar a crear la sensación en este ámbito de que España es un país de discapacitados. En este breve estudio haré un repaso a la evolución de la exención, a su situación actual y los problemas de interpretación que se plantean, haciendo especial mención a la doctrina de la Dirección General de Tributos para, finalmente, revisar las soluciones puestas en práctica por nuestros ayuntamientos.

Conclusiones

Parecen claras las innumerables cuestiones prácticas que plantea la norma y las también diversas soluciones con que han tratado de responder los Ayuntamientos, con mayor o menor éxito en el cumplimiento de los límites legales y del sistema de fuentes.

En cualquier caso es necesaria una reforma del artículo 93 para acotar dichos límites y ofrecer respuestas a las entidades locales, pero de lo hasta aquí visto creo que podrían tenerse en cuenta las siguientes apreciaciones:

  • No se puede exigir carné de conducir al minusválido que no va a conducir el vehículo.
  • No se puede exigir que la póliza del seguro del vehículo esté a nombre del minusválido, si bien puede obligarse a que consten los conductores habituales para comprobar el uso de aquel.
  • Debería incluirse en Ordenanza el tipo de justificantes de la minusvalía a tener en cuenta.
  • Puede y se debería acotar por Ordenanza los requisitos del destino del vehículo.
  • Sería conveniente exigir declaración jurada sobre el no disfrute de la exención en ningún otro municipio.
  • Se podría limitar el grado de minusvalía al de discapacidad exclusivamente, sin tener en cuenta los factores sociales complementarios.

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