El Gobierno quiere modernizar la Administración. El pasado 7 de octubre la Vicepresidenta primera del Gobierno, Carmen Calvo, anunciaba la creación de un «Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía». Su objetivo es modernizar la Administración Pública y en particular la AGE, aligerar sus procedimientos y lograr mayores niveles de cogobernanza. También se pretende con ello mejorar la gestión de los fondos europeos.
Para llevar a cabo dicho plan el Gobierno quiere crear una nueva «Ley de la Administración Pública». Y quiere hacerlo mediante un Real Decreto-Ley para, a continuación, comenzar el trámite parlamentario de aprobación de una ley (en condiciones, diría yo).
Todos sabemos que la modernización de nuestras Administraciones Públicas es urgente. Hace falta dar nuevo aire a una Administración que en muchos aspectos es obsoleta y que cuenta con unos procedimientos mejorables. La gestión de sus recursos humanos debe alcanzar otra dimensión con el desarrollo y total aplicación del TREBEP (evaluación del desempeño, motivación, dirección pública, retención del talento…). Las relaciones entre Administraciones han de contar con mejores mecanismos de coordinación y cooperación, y así con otros muchos aspectos.
Los profesionales de lo público no nos cansamos de insistir en ello (bueno, algunos ya empezamos a notar cierto hastío) pues se lleva recordando desde hace años. Actualmente modernizar la Administración va a paso lento. Recordemos, por ejemplo, la Ley 39/2015 del procedimiento administrativo y la implantación de sus previsiones más tecnológicas (registro electrónico, de apoderamientos…) prorrogada ya varias veces.
Una modernización urgente pero bien hecha
Esta reforma administrativa que no acaba de llegar hace que la necesidad de adopción de medidas sea urgente. Además, la actual crisis y la organización de nuestro Estado autonómico están recordándonos los fallos de comunicación y coordinación entre los distintos niveles de Administración.
Esta necesidad de mejora de procesos y relaciones entre Administraciones plantea varias cuestiones. En primer lugar ¿se justifica la aplicación del Real Decreto-Ley? ¿No se debería aplicar antes la legislación existente? ¿Solo la AGE necesita modernizarse?
La urgencia en regular la distribución de los fondos europeos puede justificar ciertas medidas, pero no una pretendida reforma administrativa de más calado mediante RD-Ley. Los problemas procedimentales y de coordinación en la AGE (como en el resto de Administraciones) requieren de mayor consenso con vistas al largo plazo. Si de verdad queremos actualizarnos habrá que hacerlo bien y con decisión; no sea que al cabo de un tiempo se desvanezca el ánimo inicial o aparezcan errores que paralicen lo logrado.
En materia de procedimientos y gestión interna ya disponemos de normas como la Ley 39/2015, la 40/2015 o el TREBEP, que no se están aplicando totalmente. Habrá que aprovechar lo que tenemos, que son buenas herramientas para modernizarse, antes que correr a crear otra norma más.
Y por lo que respecta a la última pregunta, la modernización no solo debe aplicarse a la AGE sino al conjunto de Administraciones públicas. Todas ellas están implicadas en la mejora de los servicios públicos y necesitan reformas. Es cierto que los fondos europeos, que considero la verdadera causa de este Plan, se enviarían al Gobierno central para su distribución. Pero si se quiere modernizar las Administraciones, en plural, y que sus efectos permanezcan, habrá que contar con todas ellas y crear normas con rigor, debate, contando con los profesionales implicados, y que duren más que el Gobierno que las crea.