Se habla mucho últimamente de la privatización de los servicios públicos. En realidad no es un concepto nuevo ni tampoco es utilizado adecuadamente por los ciudadanos, sino que –sobre todo actualmente- es la forma coloquial de definir una de las posibles vías de gestión de aquellos de acuerdo con la legislación de contratos del sector público: gestión privada de bienes/servicios de titularidad pública. El problema, como en tantas ocasiones, es que se utilizan términos extremos como éste por parte de ciertos sectores para que un determinado mensaje, muchas veces catastrofista, cale lo más hondo posible en la sociedad y movilizarla hacia un determinado fin.

 

Cuando se habla de privatización de hospitales en nuestros
días suena a que se entregará totalmente a la empresa privada tanto la gestión como la titularidad. He llegado a oir en convocatorias de
manifestaciones que se iba a vender un hospital comarcal, cuando la verdad es que sea cual sea la fórmula de gestión adoptada, la Administración, como titular del servicio, debe mantener un control que asegure la  adecuada prestación del mismo, más si tenemos en cuenta que se trata de un servicio esencial como es la sanidad. Por tanto, no se trata de privatización stricto sensu sino de gestión privada de un servicio público. La Administración mantiene la titularidad y el control de la gestión; ésta es lo que asume la empresa privada.

 

Sin entrar a valorar estos aspectos y sin dejar de lado el hecho cierto de los recortes que nuestro sistema de salud está sufriendo por la falta de medios económicos, con la disminución o centralización de especialidades en hospitales, que afectan sobremanera a zonas rurales, sobre lo que pretendo reflexionar es en cuanto al elemento psicológico latente dentro de nuestra Administración (véase autoridades pero también en otros niveles) cuando se considera mejor la gestión (del nivel que sea) por parte del sector privado sobre el público.

 

Bien es cierto que nuestras Administraciones padecen muchas
limitaciones, comenzando con las que imponen las normas (positivo y procedimental) para garantizar los derechos de los ciudadanos. Pero también existe un exagerado sentimiento de encorsetamiento por dichas normas al creernos encasillados en una legislación rígida que no nos permite hacer muchas cosas, y sobre todo no nos deja ser más eficientes. 

Bien es cierto que la Administración no puede moverse igual que la iniciativa privada a la hora de prestar servicios (precisamente para evitar esos límites se crearon las Agencias estatales), pero se ha sacado de quicio.

 

Lamentable error que se viene arrastrando desde hace años. Y prueba de ello es la existencia de Administraciones con sellos de calidad total en su gestión y con buenas prácticas en materia de eficiencia, ahorro de costes, respuesta al ciudadano, etc.

 

Por tanto, ¿qué es lo que falla? Como indico, creo que hay
mucho de mentalización en el problema. La Administración y sus autoridades tienen un gran complejo de inferioridad respecto al sector privado, y ello se demuestra con el hecho de que ceda la gestión de servicios públicos al mismo, de que cree Agencias o de que contrate consultorías externas para los más diversos asuntos, cuando podría gestionarlos sin un coste mucho mayor, a través de una más eficiente aplicación de sus propios medios y recursos humanos, muy capacitados y diversos donde los haya, pero infrautilizados, poco valorados, peor tratados y desmotivados al ver las incongruencias y corruptelas de los responsables públicos.

 

Desde un correcto redimensionamiento de plantillas, pasando por conocer mejor el talento existente dentro de sus estructuras para asignar a cada profesional al puesto que más se adecúe a sus habilidades, gestionando oportunamente ese talento, hasta la gestión del conocimiento y el reconocimiento, creando un mejor clima laboral, entre otros muchos y posibles conceptos y técnicas propias del entorno de la empresa, se podría lograr lo que no nos atreveríamos a soñar; simplemente queriendo, poniendo coraje, poco a poco, sin pretender convertirnos en los mejores de golpe, pero sin pausa.

Y sobre todo controlando que las cosas se hacen bien, mirando por la correcta utilización de los recursos, evaluando el desempeño de los empleados públicos y la buena ejecución de las políticas públicas, limitando al mínimo el fraude público, privado, la picaresca, la subvención como forma de vida; persiguiendo la corrupción…

Sólo así la Administración Pública Española logrará salir del atolladero y ser realmente una Administración al servicio de todos.