Algunos de los efectos perversos que tuvo la crisis económica de 2008 en las Administraciones han sido, en cuanto al empleo público se refiere, la disminución de los incentivos por desempeñar sus obligaciones (recortes salariales y en beneficios sociales). A esto se le unió una mayor carga de trabajo, la desmotivacion y una importante pérdida de confianza y del compromiso con sus organizaciones. Todo ello ha llevado aún hoy en día a unos niveles de desempeño y resultados generales ineficientes que no están ayudando a conseguir los objetivos generales de calidad que se le exigen a una Administración comprometida con ella y con un mejor servicio al ciudadano.
El recientemente publicado informe de la OCDE “Engaging Public Employees for a High-Performing Civil Service” así lo refleja, destacando dos tipos de medidas esenciales a llevar a cabo para hacer frente a los desafíos que la sociedad impone a las Administraciones: control de los costes de personal y mejorar el compromiso de los empleados públicos.
Precisamente compromiso y motivación son elementos totalmente esenciales si se quiere contar con el capital humano para conseguir los fines públicos, pues aquel es quien hace funcionar cualquier organización. El empeño no es fácil, sobre todo en la situación en que nos encontramos actualmente, tanto política como económica y, sobre todo, de déficit de una gestión adecuada del empleo público. Todavía no se ha recuperado ni el nivel adquisitivo perdido durante la crisis (sin contar con el de años anteriores) ni la confianza general de los empleados en la propia Administración ni en sus gestores.
En ese empeño es en el que deben redoblar sus esfuerzos quienes se dedican a gestionar los asuntos públicos. No en vano, el Ministro de Hacienda y Función Pública ha dicho estos días que el esfuerzo que han realizado los servidores públicos ha sido muy importante y se está dejando caer la posibilidad de una reducción de la jornada laboral a 35 horas semanales y un aumento del salario.
No obstante, éstas medidas no son suficientes, se debe hacer mucho más para conseguir involucrar a los empleados públicos con sus organizaciones, para hacerles sentir participes de sus resultados generales, Administraciones que deben ganarse su confianza e incentivarles a través de una gestión de personas integral, que regule y desarrolle eficazmente todas sus áreas; una gestión que tenga en cuenta el capital humano, el talento, la innovación y todo lo que pueden aportar aquellos a la mejora de los resultados generales en la sociedad.