Se habla mucho últimamente de la privatización de los servicios públicos. En realidad no es un concepto nuevo ni tampoco es utilizado adecuadamente por los ciudadanos, sino que –sobre todo actualmente- es la forma coloquial de definir una de las posibles vías de gestión de aquellos de acuerdo con la legislación de contratos del sector público: gestión privada de bienes/servicios de titularidad pública. El problema, como en tantas ocasiones, es que se utilizan términos extremos como éste por parte de ciertos sectores para que un determinado mensaje, muchas veces catastrofista, cale lo más hondo posible en la sociedad y movilizarla hacia un determinado fin.