Se viene hablando desde hace décadas de los problemas que arrastra la Administración Pública para seguir los pasos de la sociedad, para ser más proactiva que reactiva y, en definitiva, para adaptarse a las necesidades de los ciudadanos a la velocidad que exige nuestro mundo. Esta dificultad suele ser un límite casi infranqueable, un muro que cuesta mucho derribar para conseguir una Administración a la altura de aquellas necesidades y que podamos considerarla realmente situada en el siglo XXI.
Realmente se ha avanzado mucho en ese camino pero aún queda mucho por hacer. Hablamos de la flexibilidad o capacidad de adaptación que deben tener nuestras Administraciones Públicas para hacer frente a los desafíos de nuestro tiempo, aplicando la tecnología, los últimos avances en gestión de personas, de procesos, etc. pero aún no se presta la necesaria atención a un elemento que quizás defina el núcleo del verdadero problema de aquellas para estas a la altura de las circunstancias: las personas.
En efecto, hemos indicado en otras entradas de este blog que las personas que forman parte de las Administraciones Públicas, desde los propios empleados hasta los gestores y cargos públicos, son los verdaderos artífices de cuanto la Administración española es. Sin el capital humano, su talento, iniciativa y ganas de hacer poco se puede hacer. Desde este punto de vista queda claro que la adaptabilidad de la Administración depende de la capacidad de adaptación de las personas, en una relación directamente proporcional que supone que aquella debe invertir en ese talento, en sus “recursos humanos”, a la vez que los cargos y gestores públicos deben ser capaces de adaptarse a los cambios, de conocer lo que los ciudadanos demandan, y estar dispuestos a modificar los modos de actuación de unas organizaciones públicas en muchas ocasiones anquilosadas en procesos anticuados y con grandes reticencias a modificar esos modos de actuación.
Ha de contarse más con los empleados y explotar al máximo sus capacidades, y no solo dejar que cumplan las estrictas funciones y tareas de sus puestos. Ha de fomentarse la iniciativa, la innovación y las propuestas de mejora, pues son ellos quienes mejor conocen las necesidades de los ciudadanos. Este es el gran problema de la Administración, que como organismo no sabe adaptarse porque no es capaz de contar con sus piezas más valiosas, su personal, y no sabe escuchar a sus “clientes”.
Quizás en la base de este problema se encuentre la idea arraigada en los responsables públicos de que la Administración no es una empresa en el sentido de que no tiene el peligro de desaparecer, que no tiene una competencia que le haga sombra y que la ponga en peligro; se tiene la idea preconcebida de que la Administración siempre va a estar ahí a pesar de sus problemas para ofrecer servicios. En parte es cierto pero este es un error de concepto, las Administraciones públicas tienen como cometido resolver los problemas de los ciudadanos de forma eficaz, eficiente, a la vez que deben crear entornos de convivencia adecuados. Al mismo tiempo se encuentran bajo la lupa de la crítica de la sociedad.
Precisamente esta sería una buena forma de presionar más a los responsables públicos para que traten de mejorar la actuación administrativa, para que se adapte mejor y más rápidamente a los cambios, que se fomenten más los listados o “rankings” de mejores y peores Administraciones, que se promuevan más los premios a la innovación y adaptación de estas. En definitiva, que se puntúe a los gestores públicos y sus organizaciones por cómo lo están haciendo y cómo se adaptan a los cambios.
Esto quizás tendría un mayor efecto en la Administración local por ser la más cercana al ciudadano y poder modificar el entorno en el que vive, por ser la que mejor puede adecuar y dar respuesta a las demandas de servicios públicos más directamente utilizables por aquel (limpieza viaria, zonas verdes, oferta cultural y de ocio…). Pero no cabe duda de que, con las debidas adaptaciones, es extrapolable al resto de Administraciones, pues todas ellas, de una u otra forma, ofrecen servicios necesarios y debe saber adaptarse a las necesidades de la sociedad.
Finalmente, no olvidemos que esa flexibilidad lleva indudablemente al ahorro de costes, a que las Administraciones sean más eficientes, ahorren molestias a los ciudadanos y presten mejores servicios, con lo que tanto la obligada adaptabilidad administrativa como el incuestionable escrutinio público de su actuación son predicables de todas ellas.