Se está hablando mucho y desde hace algunos años de la innovación y la mejora de la calidad en las Administraciones Públicas -entendida en sus términos más amplios de logro de mayor eficacia y eficiencia- y de la más que necesaria implicación de los empleados públicos en este entorno de cambio que estamos viviendo. El EBEP ha venido a ayudar en esa labor (o intentarlo), aunque en algunos aspectos de manera un tanto tímida. 

  En efecto, la imprescindible consideración del empleado público como un factor de innovación no se ha pasado por alto en el Estatuto y así, no sólo en su espíritu quiere que las Administraciones tengan en cuenta su talento y aportaciones, sino que también ha aportado en su articulado  algunos puntos esenciales para la consecución de esos fines. Su clara justificación es que los empleados públicos constituyen la punta de lanza de cualquier avance hacia la Administración moderna y de calidad que espera la sociedad.   

Mejorar las sinergias

    No podemos negar que la Administración debe contar con la experiencia, formación y conocimiento constante que tienen sus empleados, pues son quienes se encuentran en un más directo contacto con los ciudadanos y conocen de primera mano sus aspiraciones y demandas.     Por tal motivo aquella debe aprender a ser más receptiva, crear y mantener los oportunos cauces de comunicación interna, mecanismos que han de ser fluidos y aportar retroalimentación (feedback).

Deben ser medios de creación de sinergias que beneficiarán a ambas partes de esa relación de colaboración y, en suma, al ciudadano.    Esas sinergias se deben plasmar en la incentivación por parte de las Administraciones hacia las aportaciones de los empleados que enriquezcan la acción administrativa, ahorren costes, y ayuden, en general, a conseguir la calidad total.

La Administración dispone de medios y es la que debe preocuparse de fomentar esa innovación, pues es ella la responsable de ofrecer -hacia el exterior- los bienes y servicios y garantizar los derechos de los ciudadanos, además de tener la obligación -hacia el interior- de poner en manos de su personal los mejores medios posibles para que realice su trabajo hacia dichos fines.

    Todo esto queda plasmado en el EBEP en su artículo 54.10 al indicar que los empleados públicos:

    “Pondrán en conocimiento de sus superiores o de los órganos competentes las propuestas que consideren adecuadas para mejorar el desarrollo de las funciones de la unidad en la que estén destinados. A estos efectos se podrá prever la creación de la instancia adecuada competente para centralizar la recepción de las propuestas de los empleados públicos o administrados que sirvan para mejorar la eficacia en el servicio”.

    Esto, que parece algo nuevo, no es una novedad del EBEP, pues ya la Ley de Funcionarios Civiles del Estado de 1964 lo preveía en su artículo 76 al indicar que los funcionarios  debían “cooperar al mejoramiento de los servicios y a la consecución de los fines de la unidad administrativa, en la que se hallen destinados“. Asimismo, el artículo 66.3 permitía establecer premios en metálico para “recompensar iniciativas y sugerencias relativas a la mejora de la Administración, servicios eminentes y, en general, cuanto suponga méritos relevantes o redunde en una mayor eficacia administrativa“.

Conclusiones

    Las conclusiones principales que podemos extraer de este breve comentario son dos:

– La Administración debe implicarse en contar con las propuestas de mejora de sus empleados; debe ser receptiva a la innovación de su capital humano. Ha de contar, en definitiva, con ellos si quiere lograr ser lo que la sociedad espera, una Administración eficaz y sobre todo eficiente, una Administración, en suma, moderna y de calidad.

–  Esta exigencia y la posibilidad de llevarlo a cabo no es nada nuevo pues viene de lejos. El problema es que, como en tantas otras ocasiones, las Administraciones no han querido o no han sido capaces de aplicar las posibilidades que ponía a su alcance el ordenamiento para innovar y escuchar a su personal. 

   Es hora de dejarse de tantas palabras e ir a por los hechos, y eso es una labor que compete en primera instancia a los gestores públicos, a los políticos como impulsores de verdaderas políticas y medidas tendentes a lograr la referida calidad, pues los empleados están dispuestos y ya hacen todo lo posible por mejorar el funcionamiento de nuestras Administraciones día a día.